En las últimas décadas las distintas corporaciones policiales han cobrado relevancia como actores clave en el mantenimiento del orden y la estabilidad pública. Como tal, han sido objeto de un conjunto estrategias para dotar a sus corporaciones de mayor profesionalismo para asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades dentro del proceso penal, el acceso a la justicia para las personas imputadas y las víctimas del delito.

Sin embargo, en el mismo periodo, distintas organizaciones han denunciado el aumento de las violaciones graves a los Derechos Humanos de la población civil por uso excesivo de la fuerza, la ineficacia en el ejercicio de sus funciones de investigación del delito y la preservación del orden social, así como la opacidad en la rendición de cuentas. Todo lo anterior, se ha traducido en una creciente desconfianza ciudadana que busca impulsar la reforma policial como parte de una política pública regional, que busca asegurar una mayor legitimidad social de dichas corporaciones.

En este escenario resulta importante evaluar de manera crítica tales procesos mediante el uso de métodos cualitativos, cuantitativos y comparativo que permitan reflexionar en torno a los avances y retos que las instituciones policiales presentan actualmente en nuestros países.