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La regulación especializada en materia de menores de edad que cometen delitos inició en 1874, sin embargo, debido a las irregularidades que las legislaciones nacionales presentaban en su normatividad y aplicación, la comunidad internacional instrumentó ordenaciones que recogieran las pautas mínimas que debían respetar los Estados para la aplicación de justicia penal para menores de edad. Después de casi medio siglo de trabajo, la Organización de las Naciones Unidas aprobó cinco instrumentos que constituyen el corpus iuris de la justicia penal para menores de edad.

Conocer el sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes en México es fundamental para las personas que interactúan con ellas y ellos: familiares, docentes, médicos, trabajadores sociales, etcétera, a efecto de garantizar su observancia, es decir, que NNA gocen de sus derechos humanos.

Durante los últimos diez años se ha acentuado el uso del término punitivismo en su relación con experiencias como el delito, la violencia, la prisión, la justicia, la ley penal, etc. Con frecuencia calificamos de punitivas a conductas, declaraciones públicas (de actores políticos y no políticos), iniciativas o reformas de ley, expresiones cotidianas por la asociación apologética que establecen con el castigo. Un hecho que es tanto un fenómeno social como una experiencia colectiva que debería invitarnos a una reflexión más profunda sobre el sentido, significado y propósito del castigo en nuestro tiempo. Sin embargo, lo que encontramos es una sociedad cada vez más complacida con la idea de ejercer el castigo y ser castigada. 

En 1959, la Asamblea General de la ONU ante la necesidad de un instrumento, considerando las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentran las niñas y los niños debido a su condición de personas en desarrollo, emitió la Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) que enlista diez principios que reconocen los derechos especiales de niñas y niños -NN-, sin embargo, también carece de obligatoriedad.

La presente investigación explora los sentidos políticos y los impactos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la justicia para adolescentes de Uruguay. La investigación analiza el capítulo de seguridad de la LUC desde el punto de vista de la sociología jurídica y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. A su vez, se examinan las consecuencias fácticas de esta ley en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y en el futuro de las adolescencias detectadas por el sistema de justicia. Con este trabajo se busca tener evidencia de la dirección que recorre la política criminal del gobierno uruguayo entre 2020 y 2022.