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El artículo presenta un análisis de la implementación de la reforma penal desde una perspectiva antropológica, que ubica en los fundamentos culturales del derecho una veta de estudio capaz de explicar la transición legal desde su significación sociocultural. De esta manera advertimos en la pugna entre distintos significados de poder provenientes de dos sistemas de justicia diferentes, como son, el mixto y el acusatorio adversarial, lo cual se expresa en la práctica judicial. Como caso particular de estudio retomamos la experiencia del estado de Querétaro, en México. En particular nos concentramos en el análisis del discurso público del campo jurídico institucional que realiza a través de medios audiovisuales.

Detrás del reconocimiento de la justicia indígena, existen tensiones entre distintas nociones jurídicas: las del Estado y las de los pueblos indígenas. Hablar de diversidad cultural bajo la visión jurídica positiva no encuentra comprensión, generando una gran distancia entre la lógica legal y la realidad de las comunidades indígenas. El propósito de este artículo es mostrar formas diferentes de hacer justicia, cuya vigencia, validez y legitimidad puede descansar en principios diferentes a los del Estado de derecho. Lo anterior encuentra sustento si consideramos las relaciones y mezclas entre los distintos referentes normativos: los estatales y los indígenas, lo que permite la presencia de asuntos que involucran lógicas culturales indígenas en instancias de justicia del Estado.

Con el objetivo de acabar con el estereotipo del “adicto” y con el consenso social existente en torno al prohibicionismo, los activistas cannábicos intentan instalar el concepto de “usuario responsable” frente a la idea de sujetos enfermos, dependientes, sin un proyecto de vida, o como seres peligrosos, delincuentes y cómplices del narcotráfico. El fin último, alcanzar una nueva ley penal y cambiar el paradigma de intervención estatal vigente.

Este artigo, fruto de pesquisa empírica, explicita o fato de que os recentes acontecimentos judiciários observados nos processos oriundos das ações penais referentes ao chamado Mensalão e da Operação Lava-Jato apenas tornaram mais transparentes e de domínio público procedimentos rotineiros da Justiça Criminal brasileira, empregados pelos tribunais no trato das infrações atribuídas às classes populares. No caso da Operação Lava-Jato, a adesão ao instituto da delação (ou colaboração) premiada acabou por promover a sujeição criminal dos poderosos acusados, processo que resultou por igualá-los aos alvos mais frequentes da repressão criminal no Brasil.

Estudio sobre el fenómeno de la extorsión telefónica en México entre diciembre de 2007 hasta agosto de 2008, fecha en que dió inicio el Centro de llamadas del Consejo de Seguridad Pública de la Ciudad de México, periodo en el cual hubo un promedio de 8,725 llamadas al mes, 290 cada día y 12 cada hora.