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En este trabajo a fin de indagar las formas locales en las que la justicia penal juvenil es transformada y convertida en un campo de disputas, analizaremos: por un lado, las acciones desplegadas por distintos tipos de activistas (estrategias de visibilización, problematización de determinados temas, labor de incidencia, etc.), a fin de analizar su papel en tanto “expertos” y promotores de reformas tanto normativas como institucionales en el ámbito penal juvenil. Por otro, focalizaremos el análisis en una serie de resoluciones judiciales identificadas como novedosas, ya que al haber sido escritas en un lenguaje sencillo y claro se presentan como recursos innovadores a fin de humanizar la administración de justicia destinada a adolescentes. Por último, abordaremos las formas en que los programas inspirados en los principios de la justicia restaurativa, han comenzado a disputar algunos sentidos típicos asociados al delito juvenil. 

En este artículo, voy a desarrollar una reflexión metodológica en donde me propongo ejercitar la reflexividad sobre mi propia experiencia de investigación de doctorado, reparando en los diferentes desafíos que demandó la investigación, así como señalar las distintas herramientas analíticas que fui elaborando en miras a producir conocimiento científico. Me interesa evidenciar como el enfoque y la metodología etnográfica adoptada posibilitaron redefinir un problema inicialmente planteado y con ello reconstruir otros interrogantes de investigación. Para esto, voy a narrar las singularidades personales que configuraron el entorno del investigador y demandaron notables desafíos de extrañamiento con el objeto de conocimiento construido. También voy a referirme a las particularidades metodológicas que implicó la construcción de dos casos como “paradigmáticos”. Finalmente, voy a detenerme en los retos que, tanto en el aspecto metodológico como ético-político, exigió la realización de una etnografía “multilocal”, lo que influyó en la forma en la que expuse los hallazgos etnográficos alcanzados. 

Este libro se inscribe dentro de los trabajos etnográficos sobre las burocracias judiciales de administración de conflictos con la particularidad de poner el foco en el ámbito de la llamada “justicia de menores”. Su originalidad está dada no solo por situarse en lo que podemos designar como el “campo penal juvenil” de estas burocracias sino también por el abordaje etnográfico del fenómeno judicial. En este terreno, María Florencia Graziano decide colocar la lupa en el trabajo de la secretaría tutelar de un juzgado penal de menores y a partir de una exploración íntima llama la atención sobre los sentidos que adquieren las prácticas judiciales corporizadas en las intervenciones de las delegadas tutelares sobre la vida de los jóvenes a los que alcanza el poder judicial.

Me propongo describir y analizar desde un enfoque etnográfico los sentidos de las prácticas, rutinas institucionales y concepciones, así como las relaciones sociales que vinculan a los agentes que integran lo que pretendo denominar campo penal juvenil, a partir de la descripción y el análisis de un caso particular, cuyo protagonista es un joven llamado Nicolás. Así, a partir de la narración de las diferentes vicisitudes en el acto de “seguir el conflicto” (MARCUS, 2011, p. 120) de este joven, percibo que en esa dinámica la idea de recorridos frecuentes podía ser útil a los fines de exponer los sentidos que, en cada ámbito espacial del campo, constituidos por el “barrio”, las comisarias, y los tribunales de justicia, iba adquiriendo el “caso”.

Este artículo analiza las características que han adquirido los procedimientos policiales en 259 barrios de alta vulnerabilidad social de la ciudad de Santiago del Estero, Argentina. A partir de la adopción de una perspectiva socioantropológica para estudiar el comportamiento policial en estos escenarios, se parte de la hipótesis de que la decisión de depositar en las agencias policiales el cumplimiento de las medidas dispuestas por los decretos de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), y luego de distanciamiento social preventivo obligatorio (DISPO), involucró la expansión de la “discrecionalidad policial”; es decir: de su libertad de criterio en la toma de decisiones en territorios previamente constituidos como “policiales”. Para llevar a cabo esta tarea, se analizan los resultados parciales de una investigación ejecutada en el marco de la articulación entre el sistema científico y las universidades nacionales, e impulsada en el marco de las políticas de ciencia y tecnología que diseñó y ejecutó el Estado argentino para afrontar las consecuencias sociales de la pandemia de COVID-19.